Os presentamos los materiales de la reunión dedicada a la marginación,  el 13 de Diciembre de 2015.

  1. OBJETIVOS QUE NOS PROPONEMOS

  • Tomar conciencia de las fuertes diferencias sociales que se dan entre los hombres, en las cuales hay grupos y sectores sociales que son excluidos de la vida social y de los ámbitos de decisión o reflexión.
  • Promover comportamientos equitativos, capaces de introducir a los marginados en los ámbitos sociales de desarrollo.
  • Aportar posibles respuestas y soluciones a los problemas de marginación que tienen lugar en las sociedades en las que vivimos.
  • Confrontar y valorar las diversas propuestas éticas que intentan responder al desafío de la marginación, ofreciendo lo peculiar de la DSI.
  • Contribuir al surgimiento de estructuras sociales más justas y equitativas que puedan servir de contrapeso a las múltiples formas de exclusión.

 

2. EN QUÉ CONSISTE LA MARGINACIÓN, LA EXCLUSIÓN Y DIVERSOS FACTORES RELACIONADOS

Si por algo se caracterizan el mundo y el ámbito social en el que se ha gestado la necesidad del término «exclusión social» es por ser complejo y heterogéneo. Son múltiples los factores que intervienen en las diferencias y desigualdades sociales, así como en las situaciones carenciales y de pobreza que se distinguen en las sociedades modernas. Son también diversas las dimensiones y perspectivas (económicas, culturales, sociológicas) desde las que hay que observar estas realidades, y distintos y más o menos numerosos los grupos y colectivos afectados.

En una sociedad dinámica, en continuo cambio y desarrollo como ésta, no debe sorprendernos que los conceptos relativos a las realidades sociales queden obsoletos, pierdan su significado, y no nos sirvan ya para expresar aquello para lo que en principio se idearon. Parece lógico también que se proceda por los expertos a su revisión, anulación y a la propuesta de otros nuevos, que den cuenta con mayor precisión de las realidades nuevas. Procede hacer una observación: hasta hace escasamente dos lustros, el término comúnmente utilizado para referirse a fenómenos y situaciones relacionados con la desigualdad y la pobreza era el de «marginación». Es solamente a comienzos de la década de los noventa cuando se recurre al concepto de “exclusión” en la literatura sobre el tema.

A veces se diferencian sendos significados, señalando que el de marginación remite a un proceso y que la exclusión es la fase extrema del proceso de marginación. Otros dos términos que hay que diferenciar son el de pobreza y el de exclusión, aunque en los ámbitos coloquiales no exista esta diferencia, la pobreza es un término más limitado al aspecto económico. La Unión Europea valora la pobreza por debajo del 50% de la Renta Media Disponible del país. En cambio, la exclusión hace referencia no solamente al conjunto de carencias objetivas (dinero, trabajo, techo, salud…) sino también al conjunto de carencias sociales (familia, cultura, infraestructura…)

 

3. DESARROLLO: DEL CONCEPTO DE POBREZA AL DE MARGINACIÓN/EXCLUSIÓN

La pobreza hace alusión a lo económico, a cuestiones materiales cuantificables, no explica procesos sociales ni aporta conocimiento sobre la estructura social, y nos remite al contexto de la sociedad industrial en la que la seguridad en el empleo, o bien las posibilidades de acceso al mismo, permitían concebir las situaciones de necesidad como coyunturales. Por su parte, el nuevo concepto de exclusión/marginación pretende reflejar una problemática de la sociedad actual, informacional y postindustrial, que conlleva la enajenación de lo que ya se poseía, un fenómeno asociado a la quiebra del contrato social preexistente y a factores estructurales, es decir, a aquellos factores sociopolíticos y económicos que han configurado la nueva estructura de la sociedad actual. Un modo de comprender la amplitud y los rasgos específicos de la noción de exclusión social puede ser, precisamente, a partir de sus diferencias con el concepto tradicional de pobreza.

Desde el siglo XV, el incipiente desarrollo de las sociedades mercantiles y burguesas, de las ciudades y los poderes centralizados, comenzaron a generar las primeras formas de asistencia social sobre el ideal de beneficencia pública. Junto a las tradicionales formas de actuación comunitaria y caritativa, los poderes públicos, especialmente de las nuevas ciudades comerciales, tomaron responsabilidad en la ayuda directa a los más necesitados. Nacía el “socorro público”, que combinaba el ideal solidario del nuevo humanismo cristiano (que situaba al hombre “como centro de todas las cosas”), y las necesidades de control social y represión de la pobreza de la incipiente sociedad burguesa y capitalista.

La combinación del ideal de la Sociedad burguesa y los imperativos del Humanismo cristiano dieron lugar a una beneficencia donde la administración pública tomaba la responsabilidad correctora de la pobreza; por ello, fue el Ayuntamiento de Brujas (Flandes) el primer organismo público que convirtió la asistencia caritativa a los pobres en un plan municipal de Beneficencia pública (1526). Tras esta primera gran etapa, la Beneficencia alcanzará desarrollo normativo en la Inglaterra isabelina, a través del llamado Derecho de pobres.

Finalmente, la instauración del Estado liberal, conllevó la instauración del “Estado policial” que respecto a la pobreza y la mendicidad, los consideraría enemigos del progreso material, contratiempo al desarrollo productivo y anomalía urbana para la nueva mentalidad burguesa. Así, las viejas tradiciones seculares ligadas a la tradición y la comunidad (ayuda mutua vecinal o municipal, la inmensa obra caritativa de la Iglesia) dejaban paso en el mundo occidental a la acción graciable y correctora de un poder público que pocos años después, especialmente tras la Revolución social de 1848, vio frente a sí a un conjunto de movimientos sociales que planteaban los fundamentos del orden social justo, desde una perspectiva nunca vista hasta entonces.

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(Imagen de la revolución de 1848 en París. La oleada revolucionaria de 1848 se inició -al igual que la de 1830-en Francia y se extendió a continuación por gran parte de Europa. Es conocida con el nombre de “primavera de los pueblos”. En febrero la insurrección, protagonizada por sectores pequeño-burgueses, obreros y estudiantes forzó la abdicación de Luis Felipe y la proclamación de la IIª República bajo un régimen de acusado matiz social que implementó las siguientes medidas: sufragio universal masculino (frente al censitario), libertad de prensa, libertad de asociación y derecho al trabajo.)

 

Junto a ello el apoyo del reformismo intelectual y otros factores, como fue el triunfo de la revolución rusa en 1917 y el temor de la burguesía europea a la expansión del comunismo, incidieron en la concesión de demandas sociales por parte del capitalismo industrial, siendo tras la II Guerra Mundial cuando además de derechos laborales, a la educación o sanidad, se van instaurando paulatinamente prestaciones no dependientes de las rentas del trabajo, constituyéndose así el Sistema de Servicios Sociales.

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(La revolución rusa fue uno de los acontecimientos clave de la historia del siglo XX. La primera guerra mundial sometió a tensiones brutales a la sociedad rusa y provocó la revolución que acabó con la autocracia zarista. Tras una efímera experiencia liberal, en noviembre de 1917 triunfó la primera revolución comunista de la historia. Datos extraídos de www.historiasiglo20.org)

 

El Estado de Bienestar es, por tanto, una invención europea cuyo origen se sitúa a finales del S. XIX y que se consolida durante la postguerra, cuando las teorías de Keynes se aplicaron en la reconstrucción de Europa y las propuestas de universalización de Beveridge empezaron a ser políticamente consideradas.

El sistema de producción fordista instaurado en la creciente industria occidental necesitaba potenciar el consumo entre la clase trabajadora, por lo que era necesario incrementar su poder adquisitivo y favorecer el salario indirecto mediante la prestación de servicios públicos pagados por el Estado. Como parte de su estrategia productiva el fordismo incorporó la promoción de los trabajadores dentro de la empresa y el diálogo ante los conflictos de carácter laboral, pues ante todo se pretendía la ausencia de huelgas, la conformidad social y la aceptación del capitalismo pero, al mismo tiempo, este pacto social contribuyó a disminuir las desigualdades mediante la legitimación de derechos sociales.

En este contexto conviene resaltar el hecho de que los avances sociales, la mejora de la calidad de vida para la mayor parte de la población y el clima de cohesión social, se percibieran entonces como condiciones intrínsecas al sistema democrático, pues los derechos sociales se hallaban respaldados por las normas legislativas y jurídicas de los Estados. Así, el derecho al trabajo, a la educación, al bienestar social, a la protección pública, etc., “pasaron a adquirir el mismo rango que los derechos a la libertad de expresión, de creencias, etc.”. Fue esta equiparación de los derechos sociales con los derechos civiles y políticos lo que supuso la ampliación de la noción jurídica de ciudadanía al concepto más amplio de ciudadanía social. Se trata, por tanto, de un logro social cuya evolución comprende tres siglos durante los cuales se ha pasado de una ciudadanía civil de carácter individual (S. XVIII) al uso colectivo de los derechos civiles consolidados en una ciudadanía política (S. XIX) base de los nuevos derechos laborales y económicos y, consecuencia de éstos, a la extensión de los servicios sociales, consolidándose así una ciudadanía social (S. XX).

Por tanto, el desarrollo de la ciudadanía coincide históricamente con el desarrollo del capitalismo, un sistema económico que durante casi tres décadas ha utilizado la concesión de derechos sociales como medio para evitar el conflicto de clases. La ciudadanía social implicaba todo ese espectro que va “desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad, al derecho a participar plenamente del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado de acuerdo a los estándares predominantes en la sociedad”, es decir, no se limita a una cuestión de ingresos económicos, sino de reducción de la inseguridad y de la desigualdad social.

En base a este planteamiento, la inseguridad laboral y económica que padecen grandes capas de población en la actualidad, al tiempo que unos pocos se enriquecen desmesuradamente acrecentando las desigualdades sociales, ponen en cuestión el presente y futuro tanto del pacto social, como del Estado Social y el derecho de ciudadanía. Podemos ubicar el fin de la “época dorada” de los Estados de Bienestar en la década de los 70, cuando el pacto social consensuado para la reconstrucción de Europa en la postguerra empezó a tener sus detractores.

La crisis económica provocada por el incremento del precio del petróleo generó un elevado número de desempleados, así como la presión de las clases altas para reducir su contribución fiscal. Las propuestas económicas de esta ideología consisten en reducir los impuestos, desregular el mercado laboral, mayor flexibilidad en el empleo, facilitar la libre circulación de capitales, debilitar la función de servicio público de los Estados e impedir cualquier regulación del libre mercado y su puesta en práctica fue llevada a cabo a partir de 1980 por Reagan en EEUU y Tatcher en Gran Bretaña, trascendiendo vertiginosamente su influencia a los demás países occidentales.

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(Imagen de Reagan y Tatcher)

 

Los cambios en las condiciones de trabajo han generado una enorme precariedad laboral que obliga a los asalariados a someterse, a hacerse dóciles y flexibles. La revolución tecnológica de los años 80, necesaria para la puesta en marcha del mercado financiero que sostendrá al nuevo sistema económico, cambió radicalmente el sistema productivo y a la par que se ganaba en competitividad, se fueron perdiendo posiciones en empleabilidad, en seguridad y en calidad de los empleos. Así que se conduce al trabajo precario y la consiguiente vulnerabilidad de las clases medias, de tal modo que se presenta como un factor decisivo en el proceso de dualización social.

A estas trasformaciones económicas, tecnológicas y laborales de la sociedad postindustrial hay que añadir la transformación ideológica que ha ido orientando a los Estados hacia el paulatino recorte de prestaciones sociales, siendo en el marco de inseguridad y vulnerabilidad social generado por todos estos elementos en el que surge lo que inicialmente se llamó “cuarto mundo” o exclusión social. El término cuarto mundo se refiere a la población que vive en condición de desprotección, marginación o riesgo social en áreas pertenecientes al mundo industrializado. También se habla de cuarto mundo para separar a los países en estado de marginalidad y precariedad absoluta de los países en vías de desarrollo y de los emergentes. Ancianos desamparados; Viudas y madres sin medios económicos; Niños abandonados, explotados o prostituidos; Personas sin hogar y mendigos; Personas sin protección oficial; Familias desestructuradas…

 

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