Terminamos con los últimos textos del tercer nivel de reflexión

En esta entrada veremos un extracto de la Instrucción pastoral “Iglesia, servidora de los pobres”, de la Conferencia Episcopal Española, del 2015.

La Iglesia, maestra de humanidad, ha venido elaborando a lo largo de los siglos un corpus doctrinal cuyos principios nos orientan en la recta ordenación de las relaciones humanas y de la sociedad, y nos permiten formar un juicio moral sobre las realidades sociales. Para evaluar la actual situación evocamos algunos.

La dignidad de la persona: La primacía en el orden social la tiene la persona. La economía está al servicio de la persona y de su desarrollo integral. El hombre no es un instrumento al servicio de la producción y del lucro. Detrás de la actual crisis, lo que se esconde es una visión reduccionista del ser humano que lo considera como simple homo oeconomicus, capaz de producir y consumir. Necesitamos un modo de desarrollo que ponga en el centro a la persona; ya que, si la economía no está al servicio del hombre, se convierte en un factor de injusticia y exclusión. El hombre necesita mucho más que satisfacer sus necesidades primarias. El documento “La Iglesia y los pobres” recordaba hace 20 años que nuestro servicio a la liberación del pobre debe ser integral y, en consecuencia, «lo que debemos evitar siempre es hacer un uso parcial y exclusivista del concepto de liberación reduciéndolo solamente a lo espiritual o a lo material, a lo individual o a lo social, a lo eterno o a lo temporal».

El destino universal de los bienes: En una cultura que excluye y olvida a los más pobres, hasta el punto de considerarlos un desecho para esta sociedad del consumo y del bienestar, es urgente tomar conciencia de otro principio básico de la Doctrina Social de la Iglesia: el destino universal de los bienes. “No se debe considerar a los pobres como un “fardo”, sino como una riqueza incluso desde el punto de vista estrictamente económico”. En la Sagrada Escritura se afirma repetidamente que la tierra es creación de Dios, que desea que todos sus hijos disfruten de ella por igual. Se dictan leyes para que, periódicamente, en los años jubilares, se restablezca la igualdad y todos tengan acceso a los bienes y se recuerda que la tierra debe tener una función social. En ocasiones se ve como Dios levanta su voz, por medio de los profetas, contra la acumulación de los bienes en pocas manos. Y Jesús se aplica a sí mismo la misión de proclamar un año de gracia del Señor, es decir, la tarea de implantar la justicia rehaciendo la igualdad. Los Padres de la Iglesia, inspirados en la Biblia, denunciaron la acumulación de bienes por parte de algunos mientras otros vivían en la pobreza. San Juan Crisóstomo afirmaba que “no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros sino los suyos” y san Agustín decía que cuando tú tienes y tu hermano no, ocurren dos cosas: “Él carece de dinero y tú de justicia”. San Gregorio Magno concluía que “cuando suministramos algunas cosas necesarias a los indigentes, les devolvemos lo que es suyo, no damos generosamente de lo nuestro: Satisfacemos una obra de justicia, más que hacer una obra de misericordia”.

La Doctrina Social de la Iglesia, arraigada en esta tradición, ha afirmado claramente el destino universal de los bienes: “Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad”. Igualmente ha recordado que la propiedad privada no es un derecho absoluto e intocable, sino subordinado al destino universal de los bienes. Como expresó tan claramente san Juan Pablo II, sobre toda propiedad privada «grava una hipoteca social». El destino universal de los bienes hay que extenderlo hoy a los frutos del reciente progreso económico y tecnológico, que no deben constituir un monopolio exclusivo de unos pocos sino que han de estar al servicio de las necesidades primarias de todos los seres humanos. Esto nos exige velar especialmente por aquellos que se encuentran en situación de marginación o impedidos para lograr un desarrollo adecuado.

Solidaridad, defensa de los derechos y promoción de deberes: Necesitamos repensar el concepto de solidaridad para responder adecuadamente a los problemas actuales. Nos ayudarán dos citas. La primera está tomada de san Juan Pablo II: «La solidaridad no es, pues, un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos». La segunda es del papa Francisco: «La palabra “solidaridad” está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos». Debemos recordar que es la comunidad política –por la acción de los legisladores, los gobiernos y los tribunales– la que tiene la responsabilidad de garantizar la realización de los derechos de sus ciudadanos; a sus gestores, en primer lugar, les incumbe la tarea de promover las condiciones necesarias para que, con la colaboración de toda la sociedad, los derechos económico-sociales puedan ser satisfechos, como el derecho al trabajo digno, a una vivienda adecuada, al cuidado de la salud, a una educación en igualdad y libertad. La implantación de un sistema fiscal eficiente y equitativo es primordial para conseguirlo. Para garantizar otros derechos fundamentales, como la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, es necesario, además, la efectiva voluntad política de establecer la legislación pertinente y, en especial, la referida a la protección de la infancia y la maternidad. El ser humano no es sólo sujeto de derechos, también lo es de deberes; al derecho de uno responde el deber correlativo de otro. En particular, los derechos económico-sociales no pueden realizarse si todos y cada uno de nosotros no colaboramos y aceptamos las cargas que nos corresponden; requieren de bienes materiales para satisfacerlos, y estos son fruto del trabajo diligente del hombre.

Debemos advertir que «lamentablemente, aun los derechos humanos pueden ser utilizados como justificación de una defensa exacerbada de los derechos individuales o de los derechos de los pueblos más ricos (…) Hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad, y que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Hay que repetir que “los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás».

El bien común: Una exigencia moral de la caridad es la búsqueda del bien común. Éste «es el bien de ese “todos nosotros”, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. (…) Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como pólis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. Ésta es la vía institucional — también política, podríamos decir— de la caridad». Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de toda la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos y naciones. “No se trata sólo ni principalmente de suplir las deficiencias de la justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con especial atención a las necesidades de los más pobres”

El principio de subsidiariedad: Este principio regula las funciones que corresponden al Estado y a los cuerpos sociales intermedios permitiendo que éstos puedan desarrollar su función sin ser anulados por el Estado u otras instancias de orden superior. Y, al distribuir la compleja red de relaciones que forman el tejido social, la subsidiariedad nos hace sentirnos como personas activas y responsables que viven y se realizan en las distintas comunidades y asociaciones, de orden familiar, educativo, religioso, cultural, recreativo, deportivo, económico, profesional o político. Estas instituciones surgen espontáneamente como resultado de las necesidades del hombre y de su tendencia asociativa y vertebran la necesaria sociedad civil que todos estamos llamados a promover y fortalecer. El principio de subsidiariedad establece un contrapunto a las tendencias totalitarias de los Estados y permite un justo equilibrio entre la esfera pública y la privada; reclama del Estado el aprecio y apoyo a las organizaciones intermedias y el fomento de su participación en la vida social. Pero nunca será un pretexto para descargar sobre ellas sus obligaciones eludiendo las responsabilidades que al Estado le son propias; fenómeno que está comenzando a suceder en la medida en que los organismos públicos pretenden desentenderse de los problemas transfiriendo a instituciones privadas, servicios sociales básicos, como, por ejemplo, la atención social a transeúntes.

El derecho a un trabajo digno y estable: La política más eficaz para lograr la integración y la cohesión social es, ciertamente, la creación de empleo. Pero, para que el trabajo sirva para realizar a la persona, además de satisfacer sus necesidades básicas, ha de ser un trabajo digno y estable. Benedicto XVI lanzó un llamamiento para “una coalición mundial a favor del trabajo decente”. La apuesta por esta clase de trabajo es el empeño social por que todos puedan poner sus capacidades al servicio de los demás. Un empleo digno nos permite desarrollar los propios talentos, nos facilita su encuentro con otros y nos aporta autoestima y reconocimiento social. La política económica debe estar al servicio del trabajo digno.

Instrucción pastoral “Iglesia, servidora de los pobres”. Conferencia Episcopal Española.

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